¿Qué hacer para cumplir con el derecho a la información y comunicación?

El contexto que vive el país tiene una dimensión optimista marcada por el avance en la legislación hacia la satisfacción de derechos relacionados con la comunicación. También tiene una debilidad porque la discusión sobre el ejercicio de las actividades de información y comunicación está fuertemente politizada. El resultado es que el debate se desvía de los temas sobre los cuales es necesario tomar conciencia para poder avanzar hacia el ejercicio de estos derechos avanzados.

Cambio de paradigma

La Constitución Política del Estado Plurinacional ha actualizado la legislación incorporando el Derecho a la Información que ya estaba vigente en muchos países desde 1948. Inclusive avanzó en el campo al incorporar un derecho más nuevo e integral que propone el reconocimiento de las capacidades interactivas de las personas en condiciones de igualdad y democracia. El Derecho a la Comunicación no está en la mayoría de las legislaciones de los países democráticos. Pero su búsqueda está comenzando a cobrar cuerpo en las tendencias globales dedicadas a la doctrina especializada. 

Los nuevos derechos defienden la información verificada y comprobada dentro de los límites que la lógica de la investigación técnica y ética lo permite. A eso la academia llama “verdad lógica”. Información verificada y contrastada que es producida bajo procedimientos recomendados por la profesión de la información y el periodismo.

La Libertad de Expresión protege el derecho de los ciudadanos a emitir sus opiniones por cualquier tipo de medio. El Derecho a la Información es más completo. Busca que las personas estén bien informadas sobre asuntos de interés público.  Ese es el principal cambio en el campo de la legislación boliviana. Un cambio del que periodistas ni empresarios de la comunicación están conscientes. Por lo menos no lo demuestran. Lo mismo se puede afirmar de quienes manejan las comunicaciones generadas por el Estado.

Se trata de un cambio de paradigma que exige repensar en el rol de los medios y los periodistas. Estamos en tiempos en los que la democracia debe fortalecerse proporcionalmente al ejercicio de derechos. La globalización tiene ese lado positivo. Más personas en el mundo saben de su existencia y exigen la satisfacción de sus derechos.

Debate politizado

El problema es que el debate ha caído en un falso dilema entre la defensa de la Libertad de Expresión versus el latente control de la prensa. La polarización política que ha vivido el país durante los últimos años se ha extendido al campo de la comunicación. Dos proyectos de sociedad se han enfrentado utilizando los medios de comunicación como escenario político y como arma de lucha. El sistema político ha tomado al mediático. La noción de servicio es abandonada frecuentemente así como el cumplimiento de las grandes funciones de los medios de comunicación. Medios privados (no todos) han servido a la oposición para crear un clima politizado contrario al diálogo y el entendimiento. Lo mismo han hecho los medios estatales en favor de un proyecto estatizante y discursivamente anti-neoliberal. El único perjudicado ha sido el ciudadano que se ha dado modos para intentar construir una opinión pública al margen de la oferta mediática y escudriñando la verdad. Las redes virtuales han jugado un rol fundamental en este denso escenario informativo.

Se ha logrado reproducir el debate que hace décadas se viene repitiendo con gobiernos de izquierda y de derecha. El poder desea controlar los medios de comunicación y los periodistas y empresarios defienden aguerridamente la Libertad de Expresión. El Presidente ha insistido públicamente que "se debe regular a los medios para que digan LA VERDAD". Su verdad. Los gremios del periodismo cierran filas en torno a la defensa de la Libertad de Expresión. Nadie habla de la satisfacción del Derecho de la población a estar veraz y oportunamente informada. Ese podría ser un paso importante para avanzar hacia el cumplimiento de estos derechos. También es necesaria una autocrítica profunda de parte de empresarios de medios y periodistas sobre su trabajo informativo. Obviamente que el Estado tiene los recursos y obligación para abrir esos espacios. Este evento es uno de ellos.

La voz de periodistas y empresarios de medios

Defienden incondicionalmente la Libertad de Expresión protegida por la Ley de Imprenta de 1925. Se trata de una consigna con décadas de antecedentes de defensa militante de los derechos. Tiene relación con la vigencia de la democracia. Es verdad. La relación entre democracia y libertades ciudadanas es una de las marcas de la historia nacional del último siglo. El periodismo jugó un rol fundamental en ese proceso.

Para muchos analistas ha sido y es un artificio para convertir al periodista en invulnerable en el desempeño de la profesión. La Ley de Imprenta es muy pesada en cuanto a procedimiento y débil para las sanciones. Cuando se promulgó no existían los medios audiovisuales ni multimedia del presente. Prácticamente no ha funcionado en sus cerca a cien años de vigencia. Eso ha provocado una suerte de tergiversaciones y abusos de la Libertad de Expresión por parte de muchos periodistas improvisados y medios irresponsables. La responsabilidad ulterior es frecuentemente relegada bajo el argumento del ejercicio de la Libertad de Expresión.

Lo bueno de la Ley es su sabiduría en cuanto al manejo de principios: prohibición de censura previa y responsabilidad ulterior. Además de la propia Libertad de Expresión. Una supuesta (o posible) nueva Ley tendría que recuperar esta sabiduría.

La voz oficial

El Gobierno tiene una posición ambigua en relación a estos derechos. Ha impulsado su inclusión en la Constitución Política. Pero permanentemente da señales de un autoritarismo controlador de la información. El Presidente ha reiterado muchas veces que a los medios y los periodistas hay que regularlos “para que digan la verdad”. Como si la verdad de las cosas fuese solo una. La del poder.

Se muestra una especie de paranoia mediática. El Presidente afirma que los medios y periodistas no dicen la verdad y son sus principales enemigos. Que están al servicio de las oligarquías y el neoliberalismo. Que son manejados por “unas cuantas familias”.  Hay una hostilidad verbal sistemática hacia los medios de comunicación y sus actores.

Se ha legislado la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación contradiciendo importantes principios de la CPE. La normativa electoral evita que se haga propaganda para conocer candidatos. Hemos votado para elegir magistrados sin tener información.

No se percibe una vocación a favor del Derecho a la Información y menos de la Comunicación. El Vice-presidente ha dicho que éste es un Estado de dominación. La oposición ha sido prácticamente erradicada. No existe protección ni respeto al pluralismo. El diálogo parece estar distante de la gestión del gobierno. La ambigüedad es la marca de su práctica comunicacional. Afirma provenir de la cultura del diálogo pero su accionar es exactamente lo contrario.

Un falso debate

Ninguno de los dos polos de la disputa está en lo correcto. Ambos desvían la atención hacia  un falso dilema: Libertad de Expresión versus regulación. Los unos sabiendo que detrás de su defensa intransigente se esconde la posibilidad de mantener el sistema informativo y comunicacional tal como está. Con muchas deficiencias. Los otros con la tentación de querer controlar todo. Incluso a quien piensa diferente.

Ninguno de los dos polos en disputa se atreve a pensar siquiera en el Derecho a la Información. Menos en el Derecho a la Comunicación que está oficialmente reconocido por la máxima Ley. El periodismo camufla sus debilidades detrás de la Libertad de Expresión y el Gobierno esconde su autoritarismo en su discurso unívoco de búsqueda de la verdad unilateral.

Parecen no darse cuenta que lo que ahora se necesita es información técnica y éticamente trabajadas. No es suficiente ejercitar la capacidad de emitir opiniones que casi siempre están cargadas de subjetividad. Es necesario acceder a información confiable y veraz. La opinión no es información. Libertad de Expresión no es Derecho a la Información. Aunque éste último la incluye. Ahí está la radical importancia de cambiar la mirada hacia este gran problema. Estamos lejos de ejercer el Derecho a la Comunicación  de manera democrática y con equidad.

Las condiciones estructurales no son favorables para este avance. Seguimos siendo uno de los países más pobres del hemisferio y también uno de los más desinformados. Nuestra tradición autoritaria se deja sentir en las prácticas cotidianas del trabajo y la calle. La informalidad y la falta de respeto son actitudes generalizadas en nuestro desempeño diario. Los políticos se declaran democráticos y dialógicos pero hacen lo contrario. El debate polarizado entre izquierda y derecha es falso y engañoso. La respuesta clave a la discusión sobre el cumplimiento de los derechos vinculados al periodismo y los medios es la imperiosa necesidad de ser verdaderamente democráticos o tristemente autoritarios.